Blog sobre cuestiones relativas al Derecho Penal y en particular la incidencia de las tecnologías de información y comunicación (TIC) y el derecho a la intimidad por ALFREDO HERRANZ ASIN (abogado)

martes, 20 de octubre de 2015

EL DELITO DE RECEPTACION: RIESGOS PARA EL CIUDADANO

El delito de receptación se recoge en su tipo básico en el artículo 298 en su párrafo primero

"El que, con ánimo de lucro y con conocimiento de la comisión de un delito contra el patrimonio o el orden socioeconómico, en el que no haya intervenido ni como autor ni como cómplice, ayude a los responsables a aprovecharse de los efectos del mismo, o reciba, adquiera u oculte tales efectos, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años"

Este delito sanciona a aquellas personas que se aprovechan de un previo delito cometido contra el patrimonio u orden socioeconómico, recibiendo, adquiriendo u ocultando los efectos objeto de dicho delito sin que haya sido autor o cómplice del mismo.

Es un delito que pueden cometer muchos ciudadanos y sin ni siquiera saber que se está cometiendo un delito. Un ejemplo clásico es la compra de objetos robados. Si bien el tipo penal indica que el autor de la receptación ha de tener conocimiento de la comisión de un delito esto no significa que se tenga un conocimiento completo del delito cometido y de quienes han sido los autores, sino que por las propias circunstancias en que se adquiere u obtiene un objeto podemos deducir que el mismo no tiene un origen lícito.

¿Cuales son algunas de estas circunstancias que jurisprudencialmente pueden determinar que se nos considere como conocedores del delito?

- el precio. Si el precio por el que adquirimos el objeto es notoriamente inferior al precio de mercado del mismo y no hay unas circunstancias que lo justifiquen, por ejemplo una liquidación de existencias o que se trata de un objeto con tara.

- el lugar de adquisición. No es lo mismo adquirir un objeto en un establecimiento mercantil, en una tienda, abierta al publico, donde podemos presumir que se nos está vendiendo algo de origen lícito que adquirirlo a una persona en la calle o que nos lo ofrece directamente.



Imaginemos por ejemplo que adquirimos a una persona sin licencia de venta, en la calle o en uno de esos rastros o mercados tan propios de ciudades, una bicicleta que en el mercado puede tener un precio de 500 euros por un precio sensiblemente inferior, pongamos por caso 100 euros. Por mucho que podamos encontrar una explicación para esa oferta, por ejemplo una necesidad económica de la persona que lo pone a la venta, todo nos puede hacer pensar a que ese sea un objeto robado.

En la práctica, por muy tentadora que sea la oferta nos podemos encontrar con un problema con objetos robados que sean denunciados y objeto de una investigación policial, pues acreditado el robo y la titularidad de un tercero, nosotros como poseedores del bien robado deberemos explicar como lo tenemos en nuestro poder, para lo cual primero tendremos que evitar ser sospechosos y acusados por el robo en sí, pero aún así tenemos el riesgo de ser condenados por un delito de receptación si manifestamos haberlo adquirido o comprado.

Especial cuidado debemos tener con objetos tecnológicos de última generación que tienen la posibilidad de ser geolocalizados y por lo tanto hallados en nuestro poder o usados por nosotros.




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