En 1995 nos dotamos de un nuevo código penal. Por
contraposición con el anterior, emanado viviendo Franco, este es denominado
Código Penal de la democracia, que introduce importantes modificaciones entre
ellas eliminar la hasta entonces existente redención de condenas por el
trabajo, que fue introducida en nuestro sistema penal para los presos
franquistas que realizaron trabajos en el Valle de los Caidos. A partir de esta
redención se reduce la condena en un dia por cada dos trabajados durante el
cumplimiento de la misma.
En derecho Penal existen una serie de principios, uno de
ellos es prohibir la aplicación de normas retroactivamente. De este modo si
cambiamos por ejemplo como paso en 2010 la sanción penal para las conductas de
menudeo de drogas, y se reduce la pena para un delito se reduce también para
los que fueron condenados con anterioridad. No así al revés. Si algo no es
delito hasta un determinado momento no podemos condenar a quien lo ha cometido
cuando en ese momento no era delito. ¿tiene lógica no? Por si alguien no la ve,
los ciudadanos tenemos que tener una previsibilidad de sanción de la conducta.
Si yo cometo un robo se que me arriesgo a una pena, pero si realizo otra acción
que no es delito no puedo prever que más adelante lo será y puedo ser
sancionado.
En aras de aplicación de la no retroactividad penal, cuando
se produce una modificación legislativa se da opción a los reos para que opten
por una u otra aplicación, por la anterior o por la nueva, aplicándose la que
entienden mas beneficiosa. Así Parot y otros presos, entendían que con la
anterior normativa Y CON LA ANTERIOR INTERPRETACION JURISDICCIONAL les era más
beneficioso. Y por tanto se acogieron a ello, fijandose en ese momento los limites de cumplimiento de su pena.
Otras cuestiones existentes en el Código Penal es que este
establece el cumplimiento de las penas de manera sucesiva y que existe un
límite de cumplimiento de un tercio de la mayor (que el Tribunal Supremo ya
dice que es algo que no le gusta en esa sentencia del caso Parot) y un limite
de cumplimiento máximo establecido en cada código penal.
Llega el caso Parot, que da nombre a esta situación y
sorpresivamente se modifica la interpretación, lo cual en opinión del TEDH, que
ya se pronunció en el caso Del Rio, lesiona derechos de los condenados. Esta
modificación y así se recoge en la lectura de la sentencia del Tribunal Supremo sobre dicho
caso, deriva de enfrentarse a un concreto caso con mas de 150 delitos. Que es
lo que hace el Tribunal Supremo para variar dicha interpretación? Pues bien, cambia su
criterio y esa “refundición” de penas derivada de sumarlas todas y atender al
límite del triple de la mayor, no la considera una nueva pena, y como los
beneficios penitenciarios han de aplicarse a la misma. Y llega a la siguiente consideración en dicha sentencia:
“De tal modo, que la forma de cumplimiento de la condena
total, será
de la manera siguiente: se principiará por el orden de la
respectiva gravedad de
las penas impuestas, aplicándose los beneficios y
redenciones que procedan
con respecto a cada una de las penas que se encuentre
cumpliendo. Una vez
extinguida la primera, se dará comienzo al cumplimiento de
la siguiente, y así
sucesivamente, hasta que se alcanzan las limitaciones
dispuestas en la regla
segunda del art. 70 del Código penal de 1973. Llegados a
este estadio, se
producirá la extinción de todas las penas comprendidas en la
condena total
resultante”
Esta posición fue aceptada por Tribunal Constitucional
introduciendo la doctrina del doble computo, es decir que toda redención se
aplica a toda pena impuesta y no solo a una.
De que estamos hablando por tanto?
- · En primer lugar de un cambio interpretativo que se hace a raíz de un caso concreto que evidentemente repugna al Tribunal, pero que tiene efectos para otros delincuentes de delitos ordinarios y no terroristas.
- · de una cuestión penal. Que no debería ser invadida por cuestiones ideológicas. Esto no tiene nada que ver como algún insensato proclama, con ser de derechas o de izquierdas; sino con la aplicación de principios penales y de normativa que afecta a derechos humanos.
- · Con una cuestión de interpretación de la norma y si la misma es válida o no a la luz de los mencionados principios. Una cosa es estar en contra de la doctrina Parot y otra distinta debatir serenamente cual es la sanción a imponer para determinados delitos, pues ese debate es otro, y obedecería en estos momentos al proyecto de reforma del Código Penal o a ensalzar o criticar el Código Penal vigente en los momentos en que se cometieron los hechos.
- · Con el principio de legalidad. Tenemos derecho a conocer las normas que nos van a ser aplicadas y tenemos derecho a que se nos aplique la norma legalmente procedente y no la que unos señores entiendan que es aplicable.
- · Con el principio de igualdad. No podemos admitir interpretaciones ad hoc para criminales concretos, dado que la doctrina Parot u otros interpretaciones se van a aplicar a todos nosotros. Imaginense que un mismo caso siempre es resuelto de una determinada manera y cuando acude usted al juzgado, es resuelto de una manera contraria atendiendo a la consideración que tienen sobre usted. No creo que le gustara.
- · Del derecho a la libertad. La gente habla muy alegremente de lo que supone pasar un tiempo en prisión. Naturalmente que la sociedad se dota de un código penal para protegerse de determinadas conductas y que debemos sancionar con la mayor gravedad aquellas que entendemos que atentan de manera más grave contra nuestros bienes jurídicos. Pero pasar, 20, 25, 30 o 40 años en prisión supone una penosidad que no alcanzan a entender muchos de los ciudadanos.
En definitiva debemos trascender del caso concreto y
entender que el sistema es para todos. Propiciar determinados sistemas penales
atendiendo a determinados tipos de criminalidad y en base a ello justificar cualquier
posición por dura que sea es lo que defiende el reprobable Derecho Penal del
Enemigo. No podemos cambiar las reglas del juego a mitad del mismo y para afectar a un caso concreto (y perjudicar a otros muchos). Estamos hablando de una cuestión que alcanza a los derechos humanos y
al cumplimiento de convenios aplicables sobre la materia y que hemos suscrito
en el marco de pertenencia a unas instituciones. No se trata de una cuestión de
carácter ideológico pues los derechos humanos y su protección deberían ser un
ámbito al margen de filias y fobias políticas. Y que un Estado que
deliberadamente actue en contra de resoluciones del TEDH o de otra institución
de reconocido prestigio en este campo podrá ser calificado de muchas formas.
Ninguna buena.
Por su interés, el enlace a la nota de prensa del TEDH (Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo) sobre la sentencia de la Gran Sala contraria a la doctrina Parot
Por su interés, el enlace a la nota de prensa del TEDH (Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo) sobre la sentencia de la Gran Sala contraria a la doctrina Parot
Lídia Caballero 
Enrique Ortiz 
Carmen Pérez Andújar 
luis abeledo