LA INFANTA Y LA DOCTRINA BOTIN EXPLICADA PARA DUMMIES

Ha generado sorpresa la decisión del Auto de la Audiencia de Palma al respecto. En resumen simplificado el fiscal Horrach en una poco usual postura de ejercer la defensa de un acusado solicitaba el sobreseimento (que se terminara el procedimiento sin acusación para Cristina de Borbón) que era acusada por la acusación popular de Manos Limpias por un delito fiscal. La abogacía del Estado, que se persona en los enjuiciamientos de delito fiscal para defender los intereses de la Hacienda Pública y por tanto del Estado no acusaba, con lo que en la práctica hacía lo mismo que el fiscal Horrach pero de una manera mucho más elegante y menos chocante que lo que hacía el fiscal (que viene a ser ver a tu amigo vegano zampandose un chuletón). La defensa de la en su momento infanta aplaudía con las orejas y aprovechaba el viento a favor. Todos ellos planteaban la imposibilidad de que se mantuviera acusación en juicio oral con la única acusación de Manos Limpias, sustentando entre otras cuestiones lo manifestado por el Tribunal Supremo en el conocido como "doctrina Botin".

Me permito afirmar que la cuestión clave de fondo no es otra que el papel de la acusación popular. Como se trata de una entrada no técnica y dirigida a explicar el citado auto, tenemos que tener en cuenta que en un procedimiento penal, los delitos perseguibles de oficio lo son perseguidos por el ministerio fiscal. Si en un delito perseguido de oficio el ministerio fiscal no acusa, el juez no puede condenar por mucho que piense que cabe una condena. Es uno de los efectos del principio acusatorio. Además del ministerio fiscal el perjudicado por un delito puede ejercer la acusación particular, algo que es altamente recomendable en mi opinión (entre otras razones por lo que explico en relación a los límites temporales para la instrucción). Y también cabe que cualquier ciudadano o grupo de estos (lo habitual) sin ser perjudicado ejercite la acusación popular.

Lo cierto es que en nuestro país, que es el que conozco, se han dado situaciones de abuso o mejor dicho de incorrecto ejercicio (es mi opinión) o vamos a decirlo de otro modo, de controvertido ejercicio de la acusación popular. Así habitualmente criticable (nuevamente mi opinión) las ejercidas por partidos políticos de la más variada naturaleza, el propio sindicato Manos Limpias que parece buscar más publicidad que satisfacer el interés comúbn, y el poco sentido en general que tiene que en un mismo juicio comparezcan una pluralidad de acusaciones de lo más variopinto, descoordinado y desorganizado. Aún así puedo indicar nuevamente desde mi subjetividad como la acusación popular bien usada genera efectos para el interés común como ha ocurrido con el proyecto 15mpaaRato

La llamada doctrina Botín en resumen plantea que cuando en el procedimiento penal no se acusa por el ministerio fiscal y por la acusación particular (perjudicado) no cabe acusación por la acusación popular. Algo en mi opinión criticable y con lo que no estoy de acuerdo (entre otras razones técnicas las que comparto con el fiscal y a pesar de ello amigo Frago que explica en este artículo). La expresada doctrina fue ampliada o variada por la llamada doctrina Atutxa explicando que sí que cabe acusación por la acusación popular aunque no acuse el ministerio fiscal en aquellos casos de delitos en que no hay un perjudicado directo o habiendolo no hay una acusación particular.

Para no perdernos hago un resumen. La acusación popular se recoge en la constitución si bien con las limitaciones que establezca la ley. La doctrina Botin establece que si en el procedimiento tenemos ministerio fiscal, acusación particular (perjudicado) y popular, y los dos primeros no acusan se acaba el procedimiento. La doctrina Atutxa recoge que en caso de faltar la acusación particular, se podrá continuar con la sola acusación de la popular.

El Auto de la audiencia de Palma realiza un análisis de estas cuestiones e incluso analiza como se produjo la redacción legal del 782.1 de la ley de enjuiciamiento criminal que dio pie a fundamentar la llamada doctrina Botín, para discrepar de la misma, algo en lo que yo personalmente también coincido y entre otras cuestiones expresa, precisamente para tener en cuenta a la acusación popular:

"La interpretación nacida de la STS 1045/2007, como argumenta la SAP de Madrid nº 323/2008, de 4 Julio, “descontextualiza el significado de la norma y alcanza conclusiones que no son razonables tanto en cuanto al sistema del proceso penal como de la propia regulación del procedimiento abreviado” y, aboca a que su ejercicio quede a merced del posicionamiento que adopten el Ministerio Fiscal y la acusación particular. Efecto excluyente para el que la precitada sentencia no prevé limitación alguna, esto es, el sólo hecho de que la acusación particular y el Ministerio Fiscal insten el sobreseimiento del procedimiento resulta suficiente para que la acusación popular quede inhabilitada para el ejercicio de la acción penal. "

Y es que en poco sentido tiene que se permita la intervención de una acusación popular en un procedimiento para que luego su intervención quede limitada o condicionada a lo que hagan las otras. ¿que sentido tiene que participe en la instrucción la acusación popular si luego no puede acusar si no lo hacen las otras? 

Entiendo que hasta ahí sería suficiente, sin embargo, la Sala se ve obligada o entiende que debe entrar en otras cuestiones. Así para la Audiencia el supuesto de la infanta es distinto al supuesto Botín, algo que al menos a mi no me acaba de convencer, y esto la libera de ser acusada de vulnerar el principio de igualdad al no aplicar la doctrina Botín. Para la audiencia el elemento diferenciador es que en el caso Botín no se acusó y en este todas las acusaciones consideran que hay delito fiscal, aunque solo la acusación popular considera que sea responsable penalmente la infanta. Es decir que no hay discrepancia sobre los hechos pero sí sobre la participación, y hay acusación por los hechos. No es un argumento, como digo, que me parezca válido.

A continuación entra a resolver el debate sobre el bien jurídico protegido por el delito fiscal, es decir que si se trata de un perjuicio específico de la hacienda pública o si tiene un carácter más extensivo llegando a la conclusión de que es de naturaleza supraindividual, por lo que no puede entenderse como un ámbito específico de la acusación particular, algo que personalmente tampoco comparto.

En el fondo esta situación lo que refleja es como tantas otras cosas en este país, la necesidad de un debate sereno sobre la figura de la acusación popular y una buena regulación que traslade a la norma escrita el resultado de ese debate. En la última legislatura se pretendieron reformas importantes en esta cuestión limitando la acusación popular, pero ya ha llegado el debate de que tengamos un buen dimensionamiento de dicha figura y una regulación clara acorde al mismo, pues la figura de la acusación popular se evidencia como necesaria en una sociedad democrática.

LA LIMITACION DEL PLAZO DE INSTRUCCION: VIA DE IMPUNIDAD

Entre las novedades de la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal se introdujo una polémica (ha sido rechazada mayoritariamente por asociaciones de fiscales y jueces) limitación de la instrucción de los delitos a seis meses (dieciocho en causas complejas) que ha sido identificada con una ley de punto final, me interesa explicar en esta entrada algunas cuestiones no técnicas aunque debo partir necesariamente de algunas explicaciones técnicas.

La reforma nos da un nuevo artículo 324 que establece en general un periodo máximo para la instrucción de seis meses. La instrucción es la fase de un procedimiento penal donde se producen los actos de averiguación e investigación. A la misma le sigue la fase de juicio oral, que es en la que se produce el juicio en sí. La instrucción es determinante, pues las pruebas que se practiquen determinarán esencialmente las que se practiquen en el juicio oral. Sin investigación no hay averiguación de elementos que puedan apuntar a una condena del presunto culpable. Sin investigación por tanto, lo que hay es impunidad.

Como abogado veo y veré siempre positivo que los procedimientos judiciales, sean cuales sean, no se alarguen innecesariamente y se eternicen. Lo que ocurre es que la lentitud de la justicia no se arregla poniendo límites o plazos sino realizando las acciones procedentes con diligencia y rapidez. Si observamos el procedimiento civil, el mismo está plagado de plazos que impelen a los jueces a realizar actos en un determinado plazo de tiempo, algo que sistemáticamente se incumple. Sin embargo esto no va a pasar en el procedimiento penal, pues llegado el límite del plazo debe ocurrir que el mismo finalice necesariamente. En este caso o bien se abrirá el juicio oral o se archivará. 

Como digo el plazo general será de seis meses, si bien si concurren los supuestos que expresa el artículo 324 se podrá decretar que la causa es compleja en cuyo caso, el límite temporal será de dieciocho meses. En el caso de las instrucciones complejas se podrá pedir la prórroga y en caso de no complejas, excepcionalmente se podrá solicitar un nuevo plazo máximo.

De esto conviene destacar, primero que no cabe que el juez instructor por sí mismo amplíe los plazos, sino que ha de ser pedido por alguna de las partes, esencialmente el ministerio fiscal. Segundo que cuando no es compleja, se podrá acordar excepcionalmente. En tercer lugar, no parece deducirse que se pueda pedir más de una vez.

Esta medida afecta también a las instrucciones ya iniciadas antes de la entrada en vigor de la ley (6 de diciembre de 2015) que deberán estar finalizadas el 6 de junio de 2016

Dicho esto, traslado algunas cuestiones desde mi experiencia práctica en la llevanza de acusaciones particular, especialmente en accidente de trabajo:

* En las instrucciones el fiscal ni está ni se le espera. Lo que previsiblemente va a ocurrir es que en esta primera tanda desde la entrada en vigor de la ley van a hacer un esfuerzo de revisar todos los procedimientos, que será imposible que vean todos y afectará a su trabajo cotidiano ya de por sí cargado (una de sus recurrentes quejas y si se quejan recurrentemente alguna razón llevarán).

* Es materialmente imposible que controlen el plazo máximo en todas las instrucciones nuevas.

* Una mala instrucción incrementa las probabilidades de una sentencia absolutoria.

* Los derechos de las víctimas en los procedimientos penales se van a ver afectados. Es convenientee que las mismas cuenten con un abogado que ejerza la acusación particular en su nombre para que esté al tanto de poder interesar la ampliación de plazos o presionar el diligenciamiento de las instrucciones y esto con muchas dificultades. Pero ejercer la acusación particular no es lo habitual, aunque a partir de ahora puede determinar la diferencia entre una condena y una sentencia absolutoria.

* los seis meses de una instrucción penal pueden pasar rápidamente sin que se realice o se practique prueba alguna, si por ejemplo se plantean cuestiones de competencia entre juzgados, o hace falta recabar análisis o pruebas que de por sí no motivarían que se considere la causa como compleja.

* Si una víctima tiene lesiones graves, se ha de proceder a realizar un informe forense que lo más normal es que tarde más de seis meses en estar.

* la realización de pruebas puede motivar o alumbrar la necesidad de realizar otras pruebas. Poner un plazo máximo a una instrucción significará no poder profundizar en la investigación e instrucción pues el tiempo se consumirá con las primeras pruebas

* Se pueden dar malas prácticas de defensa dirigidas a dilatar la práctica de las pruebas, como no comparecer testigos, dificultar citaciones, que "desaparezcan" temporalmente los sujetos investigados, no aportar documentación requerida en plazo, etc.

* A título de ejemplo, en la actualidad salvo juzgados muy concretos, es absolutamente anormal que una instrucción se realice en menos de seis meses, aunque es cierto que algunas de ellas podrían hacerse perfectamente en dicho plazo pero solo aquellas de escasa o nula complejidad en las cuales no hay más prueba a practicar que la declaración de víctima e investigado como mucho. Pero cualquier otra investigación se dilata enormemente en el tiempo.

* Como ciudadano me preocupa especialmente como va a afectar a causas de importante calado como las que atañen a corrupción, financiación ilegal de partidos políticos, etc.

* Como profesional abogado con ejercicio en acusaciones particulares y especialmente en graves accidentes de trabajo, me siento aterrado. En una instrucción de un accidente de trabajo con graves lesiones, la víctima estará tiempo hospitalizada, tardará en poder ser citada, hay que investigar y averiguar quienes son los responsables de prevención o partícipes en el accidente, esperar a que haya informe e investigación de inspección de trabajo, pedir que se aporte a los autos, pedir que declaren los investigados, pedir a la empresa que aporte documentación, esperar al informe forense, localizar y citar a testigos. Toda la prueba es esencial para que exista una sentencia que pueda resarcir aunque sea parcialmente a la víctima del accidente de trabajo. Y estas causas nunca serán consideradas complejas. La limitación de la instrucción a los seis meses supondrá que no habrá prueba suficiente para poder acusar con garantías, que las empresas y compañías de seguros hagan una mierda (se me perdone la expresión) de ofertas económicas que muchas víctimas tendrán la necesidad y obligación de aceptar ante las enormes probabilidades de perder un procedimiento penal y que además no habrán conseguido la prueba suficiente para poder acudir en todo caso a un procedimiento laboral o del orden que sea para poder defender sus derechos.

No estoy exagerando, pongo dos ejemplos. Accidente de 2012 juicio en enero de 2016. Gravisimo accidente de 2009 todavía sin finalizar la instrucción (en este caso por desesperante ineficiencia del juzgado).

No se trata por tanto solo de una regulación que va a afectar a la calidad democrática al impedir la persecución de conductas de corrupción y de compleja delincuencia de cuello blanco y económica sino que lo que es más grave, va a debilitar y afectar todavía más a las víctimas de cualquier tipo de delito desprotegiendolas y dejandolas a los pies de la injusticia.

Como abogado que ejerzo acusación particular no quiero una instrucción en seis meses. Ni quiero una instrucción rápida. Quiero que se realicen con la mayor eficiencia las pruebas que necesito y en el menor tiempo posible. Es algo muy distinto. Y no lo quiero para condenar a nadie sino para que mis clientes sientan que se ha hecho justicia.

LAS CINCO ENTRADAS DE 2015 MAS VISITADAS

Aprovecho que es enero para hacer una mirada a lo que ha supuesto el blog durante el año 2015. El número de entradas publicadas se ha mantenido en términos similares a las realizadas durante 2013 y 2014. Me había puesto como objetivo para 2015 incrementar el número de las mismas, pero me ha ocurrido como con los otros blogs, circunstancias personales y profesionales han reducido el tiempo que les he podido dedicar. He concluido que lo mejor es no ponerse objetivos de este tipo e ir escribiendo sobre lo que apetezca, en todo caso mi único objetivo es profundizar en más cuestiones relacionadas con lo específico de las nuevas tecnologías y quizás si el tiempo lo permite hacer un spin off de este blog, menos técnico y más dirigido a personas sin ningún tipo de conocimiento jurídico.

Es el blog con menos entradas y con una mejor ratio de visitas por entrada en términos muy reveladores, son numerosas las entradas con cuatro dígitos de visitas. Concluyo que es un blog visitado esencialmente por profesionales aunque sin desdeñar otro tipo de perfiles o personas no juristas. El número de visitas se ha incrementado en relación al año anterior y probablemente también ayuda en este sentido proyectos como lawandtrends que ayudan a la visibilización. El número de visitas mensuales ha ido en ascenso progresivo.

Respecto a las entradas en concreto más visitadas, han sido:

1. Un análisis sobre la embriaguez y el alcoholismo como eximente y atenuante que ha recibido muy buenas valoraciones

2. Cómo ha quedado la posibilidad de la suspensión de la pena de prisión tras la reforma del Código Penal

3. Una entrada en la que trato si se puede recusar a un juez por ser amigo en facebook

4. Consejos sobre como hacer bien una declaración tanto ante la policía como ante un juez

5. Una reflexión sobre la prueba p-300 en la instruccción penal

El listado arroja por un lado que son más visitadas entradas de carácter muy técnico penal pero a la par despiertan interés otras de carácter menos técnico, así como también aquellas que tienen una referencia tecnológica.

2016 puede ser o no, el año de nacimiento de ese blog spin off que iría en todo caso necesariamente asociado a otro proyecto. En todo caso, el factor esencial para que esto se vea es ese bien tan escaso que es el tiempo.

EL ANALISIS TOXICOLOGICO DE DROGAS A EFECTOS DE DEFENSA

La acreditación de consumidor de drogas del detenido e investigado en un procedimiento judicial se revela extraordinariamente importante a efectos de articular una línea de defensa dirigida a obtener reducción de condena u otros posibles escenarios beneficiosos en previsión de una condena, que en según qué circunstancias se puede aventurar como segura.

La existencia y acreditación del consumo de drogas puede abrir a la defensa la posibilidad de:

• una eximente del art.20.2 por intoxicación plena o actuar bajo síndrome de abstinencia
• una atenuante del art.21.2  por actuar debido a la grave adicción a las sustancias
• alegar la aplicación del tipo atenuado del 369 atendiendo a sus circunstancias personales
• la posibilidad de la suspensión vía art. 80.5 si se ha deshabituado o está en tratamiento de deshabituación
• A sugerencia del profesor y abogado Rafael Fontán que me hace un comentario más abajo, añado la posibilidad de acogerse a la eximente incompleta del 20.1 via 21.1 y la atenuante de circunstancias análogas 21.7

Para ello resulta trascendente acreditar la existencia del consumo pero no solo tal hecho, sino que será necesario acreditar su relación con la comisión del hecho delictivo, para ello el elemento determinante será un análisis toxicológico, existiendo diferentes posibilidades:

• sangre: sólo nos ofrecerá resultados de consumo próximo a la muestra
• orina: hasta 36 horas después de la toma
• pelo: de una semana a meses o años dependiendo del largo de la toma de muestra obtenida

Esto supone que en la mayoría de las ocasiones, deberá ser el análisis de pelo el que deba practicarse, habida cuenta la práctica procesal al menos en mi ciudad (Zaragoza) en la que entre la detención y la puesta a disposición judicial y por tanto la posibilidad de interesar la prueba por la defensa y su paso por el médico forense, transcurren en torno a 24 horas.

La práctica también indica una actitud renuente de los jueces de instrucción a admitir no ya la prueba sino la prueba de análisis de pelo por alegar la existencia de un importante coste en la misma, algo inaceptable cuando la determinación del consumo tiene unos importantes efectos para un condenado.

LA APORTACION DE "PANTALLAZOS" COMO PRUEBA

Tal y como me encargo de reiterar las veces que sean necesarias en mis clases como profesor del master de acceso a la abogacía de la Universidad de Zaragoza, la prueba electrónica tiene unas características específicas como es la mayor facilidad de manipulación de la misma. Este carácter fue recordado por el Tribunal Supremo en su sentencia de 19 de mayo de 2015 "Y es que la prueba de una comunicación bidireccional mediante cualquiera de los múltiples sistemas de mensajería instantánea debe ser abordada con todas las cautelas. La posibilidad de una manipulación de los archivos digitales mediante los que se materializa ese intercambio de ideas, forma parte de la realidad de las cosas."

No se trata solo de la posibilidad de manipular este tipo de pruebas sino incluso cuando analizamos la aportación de unas conversaciones por medio de mensajería electrónica o a través de mail, debemos tener en cuenta la posibilidad de crear cuentas falsas o direcciones de correo electrónico atribuidos a una persona en concreto, siendo fácil generar supuestas conversaciones o comunicaciones en las que un único usuario se relacione consigo mismo. O como explica David Maeztu en esta entrada de su blog cómo alterar fácilmente el contenido de un correo electrónico

En esta tesitura el Tribunal Supremo por dos veces ha epxresado, la primera en la citada sentencia y recientemente en otra que en el caso de aportación de este tipo de pruebas si las mismas son impugnadas se desplaza la carga de la prueba hacia quien pretende su idoneidad probatoria. Es decir que el proponente deberá acreditar que no ha sido manipulada de ahí la importancia de su aportación en formato electrónico o mantener los dispositivos para poder ser objeto de la pericia correspondiente.

Pero independientemente de esta consideración cobra especial importancia lo que viene a denominarse prueba periférica, es decir, que si el contenido de las citadas comunicaciones viene corroborado por otro tipo de prueba, como puede ser por ejemplo una testifical, en este caso la veracidad de las mismas se verá reforzada precisamente por ese examen conjunto de la prueba que corresponde al juez que juzga el caso.

LA AUTORIZACION JUDICIAL EN EL ACCESO A DISPOSITIVOS ELECTRONICOS EN EL CURSO DE UNA INVESTIGACION

Como antecedentes para centrar la cuestión citaré una serie de resoluciones judiciales que enmarcan este tema. Hay que tener en cuenta que en el acceso a dispositivos electrónicos y la investigación relacionada con las acciones telemáticas o uso de internet por los ciudadanos se pueden ver afectos (o lo van a ser con mucha seguridad) derechos como el derecho a la intimidad y el secreto de las telecomunicaciones.

Como primer antecedente a exponer tenemos la sentencia del TEDH caso Copland de 3 de abril de 2007. En este supuesto una trabajadora de un college de Reino Unido ve como se investiga el uso que hace de internet en su puesto de trabajo (qué páginas visita), las llamadas telefónicas, así como que correos electrónicos envia, a quien y en que momentos. El investigador manifiesta no acceder al contenido de las comunicaciones. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos señala que "la recogida y almacenamiento de información personal relativa a las llamadas telefónicas, correo electrónico y navegación por Internet de la demandante, sin su conocimiento, constituye una injerencia en su derecho al respeto de su vida privada y su correspondencia" si bien entiende que cabe que haya supuestos en que sea necesario. Así mismo en su sentencia de 22 de mayo de 2008 caso Stefanov que afecta a la incautación y registro del ordenador de un abogado, si bien pone énfasis en la existencia de una autorización judicial expresa que esta no debe ser extremadamente amplia dado que el acceso a estos dispositivos puede entrañar afectación tanto al secreto profesional (en este caso era abogado) como a su propia vida privada. De esas dos sentencias obtenemos dos conceptos esenciales, por un lado la existencia o inexistencia de consentimiento (caso Copland) como que si estamos ante el cumplimiento de una resolución judicial esta debe procurar no afectar ni lesionar otros derechos (caso Stefanov).

En la sentencia del Tribunal Constitucional 230/07 se consideró que el acceso sin consentimiento ni autorización judicial a los dispositivos de telefonía móvil, en este caso al listado de llamadas entrantes y realizadas así como a las perdidas, suponía una vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones

Esto nos lleva al examen de la sentencia del Tribunal Constitucional 173/11 cuya lectura aconsejo por. En mi opinión se trata de una lamentable sentencia en la que en contra del criterio del Fiscal entiende el supuesto como excepcionado del necesario consentimiento o autorización judicial permitiendo el constitucional que en determinados supuestos en que sea necesario acceder con celeridad para la persecución de un delito, se acceda a la información de los dispositivos sustentandose en la necesidad de perseguir unas conductas entendidas como muy graves.

Expuesto lo anterior pasemos a ver qué nos dice la normativa procesal, una vez entendido que la clave es la existencia de consentimiento o en su derecho autorización judicial si bien existían resoluciones judiciales poco respetuosas con los derechos del ciudadano que excepcionaban de estas necesidades cuando se entendía que primaba la gravedad de los hechos y la persecución de conductas delictivas. Precisamente una de las importantes novedades de la reciente modificación de la ley de enjuiciamiento criminal es dotar de una regulación específica de estas cuestiones. La reforma mediante la ley orgánica 13/15 crea un nuevo capítulo el IV con el siguiente contenido: "Disposiciones comunes a la interceptación de las comunicaciones telefónicas y telemáticas, la captación y grabación de comunicaciones orales mediante la utilización de dispositivos electrónicos, la utilización de dispositivos técnicos de seguimiento, localización y captación de la imagen, el registro de dispositivos de almacenamiento masivo de información y los registros remotos sobre equipos informáticos"

Su primer artículo, el 588 bis a) reitera la necesidad de autorización judicial dictada con plena sujeción a los principios de especialidad, idoneidad, excepcionalidad, necesidad y proporcionalidad de la medida.

* El principio de especialidad exige que una medida esté relacionada con la investigación de un delito concreto. No podrán autorizarse medidas de investigación tecnológica que tengan por objeto prevenir o descubrir delitos o despejar sospechas sin base objetiva.

* El principio de idoneidad servirá para definir el ámbito objetivo y subjetivo y la duración de la medida en virtud de su utilidad.

* En aplicación de los principios de excepcionalidad y necesidad solo podrá acordarse la medida

cuando no estén a disposición de la investigación, en atención a sus características, otras medidas menos gravosas para los derechos fundamentales del investigado o encausado e igualmente útiles para el esclarecimiento del hecho

cuando el descubrimiento o la comprobación del hecho investigado, la determinación de su autor o autores, la averiguación de su paradero, o la localización de los efectos del delito se vea gravemente dificultada sin el recurso a esta medida

* Se entenderá que la medida es proporcional cuando, tomadas en consideración todas las circunstancias del caso, el sacrificio de los derechos e intereses afectados no sea superior al beneficio que de su adopción resulte para el interés público y de terceros. Para la ponderación de los intereses en conflicto, la valoración del interés público se basará en la gravedad del hecho, su trascendencia social o el ámbito tecnológico de producción, la intensidad de los indicios existentes y la relevancia del resultado perseguido con la restricción del derecho.

La autorización judicial se producirá de oficio o a petición del Ministerio Fiscal o de la Policía Judicial. Apunto que en la previsión legal se omite cualquier referencia a la actuación de la acusación particular o popular. Cuando no sea de oficio la petición habrá de contener unos datos mínimos argumentando la necesidad de la adopción de la misma conforme a los principios expuestos. El contenido concreto se regula en el artículo 588 bis b.

El artículo 588 bis d recoge que la solicitud y las actuaciones posteriores se sustentarán en una pieza separada y secreta sin necesidad de que así se acuerde expresamente y conforme al artículo 588 bis k una vez que finalice el procedimiento mediante resolución firme, se ordenará el borrado y eliminación de los registros originales que puedan constar en los sistemas electrónicos e informáticos utilizados en la ejecución de la medida conservandose una copia bajo custodia del secretario judicial. Se acordará la destrucción de las copias conservadas cuando hayan transcurrido cinco años desde que la pena se haya ejecutado o cuando el delito o la pena hayan prescrito o se haya decretado el sobreseimiento libre o haya recaído sentencia absolutoria firme respecto del investigado, siempre que no fuera precisa su conservación a juicio del Tribunal.